DIMENSIÓN HABITABILIDAD

La vivienda rural y gran parte de la urbana se compone por lo general de un área que oscila entre 20-40 m2, es monofamiliar, de tipo rectangular con techo a dos aguas de palma tejida de Caraná (Mauritia Caraná) y / o teja de zinc. Estas viviendas se construyen sobre pilotes de madera, con paredes en tabla; la cocina se ubica en la parte posterior con cierta independencia del resto de la vivienda, lo mismo que la unidad sanitaria, que a su vez vierte las aguas residuales hacia un pequeño pozo séptico o letrina en algunas comunidades. Las viviendas cuentan con tanques plásticos recolectores de aguas lluvias, que utilizan para el suministro de agua potable. Se organizan y conviven en grupos familiares o de parientes cercanos, conformando unidades familiares de 6 a 7 personas, lo cual refleja una alta densidad habitacional. EOT, 2007.La cabecera municipal cuenta con 1769 habitantes distribuidos en seis barrios, que residen en 304 viviendas y 412 hogares.La población rural del municipio se encuentra localizada en 20 comunidades indígenas con 3.930 personas, que habitan en 648 viviendas y conforman 778 hogares.En los últimos diez años, el casco urbano de Puerto Nariño y el número de comunidades ha registrado un importante crecimiento, para la época de constitución del resguardo la población rural era de 2000 y 6 comunidades y hoy son cerca de 3930 habitantes que habitan 20 parcialidades.En lo referente a la legalización de la propiedad, se destaca que los asentamientos de Ticoya, Patrullero, Veinte de Julio Puerto Esperanza y Valencia no están incluidos como parte del Resguardo Ticoya. De igual forma, inexplicablemente no fueron reconocidos como parcialidades indígenas por la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia en ocasión del otorgamiento del reconocimiento legal a la Asociación de Autoridades Indígenas ATICOYA (2007).Cabe señalar que esta omisión administrativa desconoce que dichos asentamientos se ubican en zona de poblamiento ancestral indígena y han sido reconocidos por las entidades del Estado como pueblos indígenas (acceden desde tiempo atrás a los recursos del situado fiscal del resguardo, están afiliados al SSSS como indígenas, nombran docentes para su etnoeducación, son tenidos en cuenta como familia indígenas para efectos de subsidios de electrificación, entre otros)De otra parte, en la cabecera municipal la mayoría de los habitantes indígenas no cuentan con títulos de propiedad de los terrenos donde están construidas sus viviendas.De acuerdo a los censos, el déficit de vivienda nueva a diciembre de 2006 para la zona rural era de 130 unidades y para la zona urbana de 108 unidades. Según el EOT, 2007, el déficit de vivienda a 2007 era de 235 viviendas y 50 requerían mejoramiento integral.Esta situación denota una importante dinámica poblacional y migratoria de familias indígenas, así como una expansión desordenada de los asentamientos, en parte, motivada por el acceso a las transferencias del gobierno nacional a las comunidades indígenas constituidas en resguardos correspondientes al sistema general de participación.Cabe señalar que el acceso a convocatorias a recursos para vivienda nueva o mejoramiento de vivienda no aplican al municipio, dado que la población es fundamentalmente indígena y no tiene capacidad de ahorro para cumplir con los requisitos fijadas por las políticas de vivienda de Interés social del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. En la práctica la única posibilidad de fondos para construcción de vivienda nueva provienen del Banco Agrario a través de la Bolsa Departamental, lo que hace competir al municipio con los limitados recursos asignados para todo el departamento.En general, las viviendas presentan serias deficiencias en cuanto a las condiciones higiénicas y de hacinamiento por el deterioro de su infraestructura, la carencia de sistemas de alcantarillado, el deficiente manejo de residuos sólidos y en especial la falta de potabilidad de agua para el consumo de la población.Respecto al acceso y prestación de los servicios públicos básicos, no existe un contraste entre zonas indígenas y área urbana, si bien en la zona indígena estos son casi inexistentes, en la zona urbana son deficientes en cuanto a cobertura y calidad.Respecto al servicio de energía eléctrica el casco urbano cuenta con una planta de energía que genera 12 horas diarias y no cuenta con planta de emergencia, lo que conlleva a interrupciones en el servicio durante las acciones de mantenimiento. En la zona rural, las comunidades de Tipisca, Puerto Rico, Doce de Octubre, Socó, San Francisco, Atacuari, Boyahuazú, Naranjales, cuentan con planta generadora de energía y subsidio de combustible; las comunidades de Villa Andrea, Santa Teresita y Nuevo Paraíso cuentan con plantas eléctricas pero no operan dado que no reciben subsidio de combustible. Las comunidades de Veinte de Julio y Puerto Esperanza, están interconectadas con el casco urbano de Puerto Nariño, pero en el caso de Veinte de Julio la cobertura es baja dado que los pobladores no han cancelado el valor de contadores que le fueron instalados sin ningún tipo de subsidio por parte del Estado.En general las plantas eléctricas y las redes tienen un deficiente mantenimiento y en la práctica operan deficientemente dada las limitaciones en el suministro del combustible, la falta de una conciencia colectiva en el pago del costo del servicio entre las comunidades y un sistema de operación sostenible.A nivel de agua potable el casco urbano del municipio a partir de mayo de 2008 prestará un servicio con una cobertura del 80% de las viviendas y con tratamiento físico-químico y bacteriológico. En la zona rural se construyeron en el 2007 ocho pequeños acueductos en las comunidades de Tipisca (cobertura 100%), Puerto Rico (cobertura 80%), Doce de Octubre (Cobertura: deficiente funcionamiento), San Juan de Socó (cobertura 95%), San Juan de Atacuari (cobertura 70%), Puerto Esperanza (cobertura 85%), Valencia (cobertura 100%), los cuales funcionan en época de invierno (aguas altas dado el sistema directo de succión con motobombas sobre balsas), ninguno recibe tratamiento de potabilización.A nivel de la infraestructura de alcantarillado, en la zona urbana su cobertura es cerca del 60%, no existe un plan maestro de aguas negras, la parte alta del municipio vierte las aguas contaminadas a una pequeña quebrada que durante la creciente del río devuelve los residuos sobre la zona de vivienda ubicadas en la zona baja. De igual forma el municipio vierte las aguas negras directamente al río Amazonas, cerca de la desembocadura del río Loretoyacu, zona de importancia pesquera para el municipio. Sòlo un asentamiento (Tipisca) cuenta con alcantarillado, el resto de los asentamientos indígenas carecen de este servicio, generando malas condiciones de saneamiento básico y contaminación de las cauces de agua que nutren los acueductos locales.Respecto al tratamiento y disposición final de residuos, debe reconocerse en la zona urbana el relativo buen manejo de basuras, con una cobertura superior al 70%. Los residuos sólidos son clasificados y los desechos son enterrados, evitando la proliferación de vectores. De igual forma, los residuos hospitalarios son incinerados y enterrados. No obstante, en las comunidades, el manejo de residuos sólidos es inexistente y es evidente la contaminación de fuentes de agua y el mal manejo de elementos contaminantes tales como botellas latas, plásticos, pilas y residuos de combustibles.

DIMENSIÓN DINÁMICA FAMILIAR

La información etnográfica identificaba a principios de siglo pasado el predominio de familias extensas integrada por varios hogares que compartían un mismo techo (casa plurifamiliar) que respondían orgánicamente a un jefe de casa con el que se tenían relaciones de alianza (cuñados, yernos). En la actualidad se observa una transformación importante a nivel de la estructura familiar, con una habitación predominantemente nuclear[1] (padre como cabeza de familia, madre e hijos) con escasa presencia de otros familiares de la cabeza de familia o su cónyuge y un relacionamiento espacial a nivel de la comunidad con otros miembros de la familia extensa con la que operan los lazos de solidaridad a nivel de las alianzas claniles y la fraternidad entre sus miembros.De igual forma se denotan tres aspectos de la dinámica familiar: 1) Tendencia importante de familias con jefatura femenina, en especial mujeres jóvenes; 2) Presencia de ancianos que se hacen cargo de nietos. 3) Incremento de separaciones entre cónyuges.En Puerto Nariño se vienen incrementando los casos de violencia intra familiar, maltrato infantil, asociadas a las dificultades económicas, el consumo de alcohol y a la transformación de los valores culturales. El municipio no cuenta con un sistema de registro, atención y prevención del maltrato. (EOT, 2007)

De acuerdo a los datos del PAI PFGBP, el 67,5% de las viviendas de beneficiarios del programa en Puerto Nariño vivía una sola familia, en el 17,7% de las viviendas 2 familias; en el 5% de las viviendas 3 familias, en el 2,3% más de tres familias (AZCAITA – Acción Social, PAI-PFGBP, 2007).

DIMENSIÓN BANCARIZACIÓN Y AHORRO

El acceso a servicios bancarios dentro de la población general es restringido a los funcionarios públicos (docentes, promotores de salud, empleados de la Alcaldía, miembros de la Fuerza Pública y en especial el comercio), dado el bajo ingreso monetario de la población indígena y que Puerto Nariño carece de una oficina bancaria. El acceso a recursos de créditos bancarios es prácticamente nulo en el municipio.A partir de finales de mayo de 2008 se inició el funcionamiento de una caja extendida del Banco Agrario lo que posibilita efectuar algunos trámites bancarios como retiros o abonos en efectivo de menor cuantía.Cabe resaltar que el ICBF Amazonas adelanta desde hace una década programas de apoyo nutricional a través de Restaurantes Escolares y Hogares de Bienestar, administrados directamente por los cabildos indígenas y por las asociaciones de padres de familia, en la zona urbana, lo que ha dado la posibilidad a las autoridades indígenas y líderes de acceder a la red bancaria y acumular una importante experiencia en el manejo y administración de recursos públicos en cuentas corrientes y de ahorro.Como una experiencia importante de acercamiento de la población indígena a los servicios bancarios lo constituye el programa Familias Guarda Bosques Productivas, por medio del cual 465 familias reciben un pago equivalente a $408.000 bimensuales por un año a través de la red bancaria ubicada en Leticia.

DIMENSIÓN APOYO PARA GARANTIZAR ACCESO A LA JUSTICIA

En el casco urbano cuenta con Juzgado Promiscuo, Inspección de Policía y oficina de Bienestar Familiar. En la zona indígena se cuenta con una inspección de policía en San Juan de Atacuari.La jurisdicción especial indígena como tal no ha entrado en operación, en parte por la fragilidad de la organización indígena y la carencia de procedimientos que permitan acuerdos y normas estatutarias, que de forma consensuada y pública, afronten las nuevas realidades y problemáticas que viven las comunidades interétnicas, como el desacato de las autoridades propias, la extracción ilegal de recursos naturales, el hurto menor, el abuso sexual y la violencia intrafamiliar, entre otros.A pesar del discurso de los líderes indígenas que promueven el fortalecimiento de la jurisdicción especial, no se han dado en la práctica acciones ejemplares de investigación y castigo frente a estas y otras situaciones que afectan la convivencia comunitaria dentro del resguardo, lo que propicia un ambiente de impunidad, falta de confianza y descoordinación entre las autoridades indígenas y las entidades competentes.De otra parte se presenta una duplicidad de funciones entre autoridades indígenas y autoridades de policía, como es el caso de la inspección de Atacuari, con jurisdicción en las comunidades indígenas de Boyahuazú, Naranjales, San Juan de Atacuari y Siete de Agosto que hacen parte del resguardo Ticoya y que nombra cada una sus propias autoridades (curacas).El municipio de Puerto Nariño goza de una relativa tranquilidad y convivencia, si bien no dispone de cifras sobre delitos, entre 2006 y 2007 se registraron dos casos de muertes violentas, ocasionadas en riñas bajo estado de alicoramiento. Entre las infracciones y delitos que se cometen con alguna frecuencia se encuentran lesiones personales, violencia intrafamiliar y robos en cuantía menor, situación última que se presenta en parte por la situación de frontera que permite la movilidad fluvial de personas provenientes del Perú.
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Etiquetas: Garantizar acceso a justicia

CONCLUSIONES

Puerto Nariño constituye un municipio de gran importancia geoestratégica para el país dado que: 1) Goza de una privilegiada ubicación de frontera internacional con el Perú, con acceso a mercados como Caballo Cocha, Pebas e Iquitos. 2) Cuenta con acceso fluvial a cuatro ríos internacionales que lo posicionan en el trapecio amazónico por su potencial en recursos hídricos y humedales de gran valor paisajístico (Amazonas, Loretoyacu, Atacuari, Boyahuazú). 3) Hace parte de un importante ecosistema amazónico con zonas de tierras bajas inundables e importantes zonas de altura, con una gran diversidad de flora y fauna. 4) Cuenta con una importante diversidad étnica y cultural.A nivel social Puerto Nariño presenta una gran dinámica poblacional, con una amplia base para los rangos de edad menores de 5 años, constituyéndose en uno de los municipios con población más joven del país, dado que el 56,6% son menores de 19 años, con un promedio de edad de 21,4 años para el conjunto de la población.Un elemento fundamental para el futuro de Puerto Nariño, es estimular condiciones que garanticen a la población de niños y niñas de Puerto Nariño el derecho a una educación de calidad, permitiéndoles culminar la primaria y secundaria, dentro de los límites de edad del promedio nacional para cada grado, y dentro de una formación de calidad que respete, valore su identidad y los prepare para asumir los retos del desarrollo sostenible. En este sentido es importante apoyar por vía de subsidios a los niños, niñas y jóvenes que están estudiando, para efectos de elevar los niveles de escolaridad promedio de la población y propiciar la retención y continuidad escolar.Cabe señalar que Puerto Nariño, dadas sus peculiares condiciones de ubicación, no dispone de fuentes de trabajo suficientes que le permitan a las familias indígenas mejorar condiciones de ingreso para suplir las necesidades derivadas de la relación con la sociedad nacional; de igual forma, su relativo aislamiento e incomunicación actual no le brinda la oportunidad a sus pobladores de lograr oportunidades de formación que lo habiliten para el logro de ingresos económicos. En este sentido, la articulación del programa FGBP y del proceso de infraestructura, abre una importante posibilidad que debe ser potenciada en función de los Planes de Vida, de la vocación turística asignada a la región y de la agricultura de ciclo corto en las tierras bajas inundables.A nivel de vivienda se destaca el alto déficit existente y las dificultades reales de acceso a los programas del MAVDT, dado que muchos de los requisitos para acceder a vivienda nueva o mejoramiento de vivienda no son aplicables para los indígenas por su nula capacidad de ahorro y las limitaciones de priorización del gasto de los recursos que le transfiere la nación al resguardo.Esta situación hace que el municipio de Puerto Nariño requiera una atención especial del Estado, no solo por su condición de ser una zona de frontera fundamentalmente indígena, lo que exige de entrada un trato incluyente dentro de las acciones públicas, en el marco de los principios Constitucionales de reconocimiento a la diversidad étnica y cultural, sino por el hecho incontrovertible de que la mayor parte de la población está conformada por niños y niñas a quienes la Constitución les otorga un interés superior.

BIBLIOGRAFÍA

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